La Cámpora suma otra exigencia y se estira la incertidumbre por el pedido de endeudamiento de Kicillof

Todos juegan fuerte en el paño donde se dirimen las chances de aprobar el pedido de endeudamiento por más de U$S 3.500 millones que formuló Axel Kicillof a la Legislatura provincial. A los diputados y senadores que reportan a intereses diversos, dentro o fuera del peronismo, se suman otros actores que no quieren despreciar la partida que el gobernador asume casi como una plataforma de supervivencia para lo que resta de su gestión.

En las horas previas a la sesión que deberá realizar Diputados este miércoles, se plantaron con pie firme los intendentes que -obvio- no votan, pero tienen terminales en cada banca instalada en el recinto del palacio de la esquina de 7 y 53. Un comunicado del Foro de Intendentes Radicales marcó posición y transmitió presión sobre los bloques para que acompañen el esquema de endeudamiento pedido por Kicillof.

Los jefes comunales plantearon que las municipalidades necesitan previsibilidad para sostener la gobernabilidad y planificar obras. Es que una parte de la negociación está centrada en la creación de un fondo específico a repartir entre las 135 comunas. El gobernador se comprometió a que ese paquete sea de hasta $ 350.000 millones, si se logra colocar toda la deuda solicitada al Parlamento provincial.

Y que habría una garantía de hasta $ 250.000 millones a pagar en cinco cuotas que se estirarían hasta el primer semestre de 2027. Los alcaldes radicales (cerca de medio centenar) pretenden que ese dinero sea de libre disponibilidad y se distribuyan siguiendo parámetros objetivos como el CUD (código que reparte la coparticipación municipal), para que cada uno pueda definir prioridades según su propia realidad. Allí no habría diferencias nítidas con otros grupos políticos.

Sin embargo, un sector legislativo que responde a La Cámpora quiere conformar una comisión bicameral que defina el destino de los fondos. La Gobernación resiste esa variante.

Como se dijo, hay otros personajes que presionan y no están en el hemiciclo del debate. Uno de ellos, el armador político de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja, pretende una demarcación clara del campo de juego: “Sería como un baldazo de agua fría que los legisladores del PRO aprueben el endeudamiento de Kicillof”, declaró este martes en un acceso a la Legislatura, a donde llegó para respaldar al nuevo bloque de legisladores libertarios que juró en Diputados.

“Así que yo confío en que la gente del PRO, con criterio y con responsabilidad, no va a acompañar esta locura”, argumentó el ahora diputado nacional electo por la alianza LLA-PRO.

“Se están midiendo para ver quién es más opositor”, interpretó uno de los negociadores de la Gobernación que acusó el efecto del golpe de Pareja.

Kicillof está urgido por conseguir el aval antes de que se conforme la “nueva” Legislatura. Hace 10 días logró los votos para sacar las leyes de Presupuesto e impositiva. Pero ahora necesita dos tercios de ambas cámaras para lograr la autorización para pedir deuda.

El lunes hizo un pedido dramático ante intendentes y legisladores, oficialistas y opositores. Acercó hasta la Gobernación a gremios de estatales y otros sindicalistas cercanos y paró en el escenario a todo el gabinete. Ante ese foro denunció “un asedio ilegal” por parte de la Nación contra las financias bonaerenses. Calificó de “robo” los recortes que el gobierno de Javier Milei aplicó sobre la jurisdicción: “Nos han robado 12,9 billones de pesos”, dijo Kicillof.

Pareja y los libertarios tienen otro enfoque. “Una provincia tan rica, bien administrada, no tendría que estar atravesando momentos de estas características como para endeudarse de la manera que pretende endeudarse”, dijo el dirigente.

Contrastes: el gobernador considera el endeudamiento como un instrumento fundamental para “que la provincia pueda seguir funcionando”, según sus propias palabras.

Por ahora, nada está definido. Persiste la incertidumbre. Los nexos de Gobernación con el Parlamento tienen la tarea de convencer y seducir a fuerza de ofrecimientos. Entre las cartas de negociación aparecen butacas en el directorio del Bapro, que podrían ser ocupadas por dirigentes de la oposición.

También se ponen en consideración otros cargos como los nuevos Consejeros de Educación o jueces del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense. En ese ente quedan ocho lugares para designar y son puestos con sueldos equivalentes al de un juez de cámara de Apelaciones provincial: entre 6 y 8 millones de pesos por mes. Se nombran por resolución del Gobernador y tienen cargo vitalicio (pueden ser destituidos por un proceso similar a un jury).

Para Axel Kicillof, el endeudamiento es la llave que le permitiría ejecutar el Presupuesto recién sancionado. Prevé un gasto anual de 41,5 billones de pesos y en la ley fiscal no incrementa la presión impositiva.

Sin esos recursos, tanto la gestión provincial como la de numerosos intendentes quedan en una cornisa financiera. “Hay riesgo para el pago de los aguinaldo de trabajadores estatales“, se animan a predecir fuentes del gobierno. Por eso la perfomance legislativa quedó inconclusa: el oficialismo ganó dos batallas, pero no consiguió el voto que “no es lo más importante, es lo único importante”, según confesó un legislador peronista.